La comunicadora y analista política Altagracia Salazar afirmó que el escándalo de corrupción que afecta al Seguro Nacional de Salud (SENASA) evidencia profundas fallas en la gerencia del Estado y en los mecanismos de control institucional, al tiempo que cuestionó cómo una presunta red de sobornos pudo operar durante años sin ser detectada oportunamente.

Durante su programa Sin Maquillaje, Salazar sostuvo que es posible ocultar fraudes de gran magnitud incluso en estructuras complejas, citando como ejemplo el caso del Banco del Progreso, donde un ejecutivo logró engañar a influyentes empresarios del país. “De que se puede, se puede, pero es evidente que algo está fallando”, expresó.

La comunicadora indicó que, según estados financieros revisados, SENASA cerró el año pasado con un déficit superior a los 8,300 millones de pesos, un patrimonio negativo y pasivos que duplican el valor de sus activos. Señaló además que esas cifras habrían sido ocultadas ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales hasta el año 2023.

Salazar advirtió que el caso tiene implicaciones políticas y electorales, recordando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegó al poder impulsado por una ola anticorrupción. “Robarse el dinero de la salud es fundamentalmente un acto criminal”, subrayó, al tiempo que cuestionó si existen otras instituciones públicas con esquemas similares que aún no han salido a la luz.

En ese sentido, se preguntó por qué informaciones manejadas por periodistas no llegan con la misma rapidez a la Presidencia de la República, y citó denuncias recientes sobre otros casos de corrupción que permanecen estancados en el sistema judicial.

Salazar valoró los avances logrados con un Ministerio Público independiente, pero advirtió que persisten debilidades estructurales en la justicia dominicana. Indicó que la lucha contra la corrupción tiene dos frentes: el judicial y el político, y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante.

Finalmente, exhortó a que se publiquen los estados financieros de las instituciones públicas señaladas y a que se realicen auditorías preventivas, para evitar que crisis como la de SENASA vuelvan a repetirse sin ser detectadas a tiempo.