SANTO DOMINGO, RD.– La periodista Altagracia Salazar reveló que, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en la Operación Cobra, al exdirector del SENASA, Santiago Marcelo Hazim, se le atribuyen más de RD$1,000 millones en sobornos, dentro de un presunto entramado que habría desviado más de RD$15,900 millones del Seguro Nacional de Salud.
De acuerdo con el Ministerio Público, Hazim habría liderado una red que manipuló las reservas técnicas, alteró sistemas internos, creó comités sin base legal y estableció un circuito de sobornos para aprobar prestadores y beneficiar a empresas vinculadas. Entre los métodos descritos se incluyen pagos mensuales exigidos a suplidores, manipulación tecnológica de bases de datos y el uso de empresas de carpeta para el lavado de fondos.
La acusación también detalla que empresas vinculadas al esquema pagaban comisiones de hasta 35% de lo recibido, un mecanismo dirigido —según el expediente— por el señalado intermediario Pablo José Ortiz, descrito como pieza clave dentro del presunto circuito de corrupción. El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 10 imputados, mientras continúa la investigación que podría involucrar a más personas.
El documento de coerción también señala que parte del dinero presuntamente desviado era movido a través de una red de empresas fachada que emitían facturas por servicios inexistentes, permitiendo así justificar transferencias millonarias. Según el Ministerio Público, este esquema estaba diseñado para evitar trazabilidad y dificultar auditorías internas, lo que permitió que la estructura operara durante años sin ser detectada por los mecanismos de control.
Las autoridades sostienen que el entramado no solo afectó las finanzas del SENASA, sino que también comprometió la calidad de los servicios brindados a los afiliados, debido a que se aprobaban prestadores sin cumplir requisitos técnicos y se favorecían contratos millonarios a suplidores vinculados a la red. Esto habría provocado brechas en la cobertura médica y retrasos en pagos a centros de salud que no formaban parte del esquema.
Mientras tanto, la defensa de los imputados ha calificado las acusaciones como “exageradas” y “construidas mediáticamente”, asegurando que demostrarán su inocencia durante el proceso judicial. Sin embargo, el Ministerio Público afirma tener miles de páginas de evidencia documental, trazas financieras, interceptaciones legales y auditorías forenses que sustentan la magnitud del caso, considerado ya uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en el sector salud.
