La periodista Altagracia Salazar reveló este martes la magnitud del presunto entramado de corrupción que operaba dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA), asegurando que la red ilícita generaba ingresos extraordinarios para su exdirector, Santiago Hazim, ascendentes a dos millones de pesos diarios. Según explicó en su programa Sin Maquillaje, documentos del Ministerio Público indican que Hazim habría recibido más de 2,800 millones de pesos en cuatro años, muy por encima de su salario legal como funcionario.
Salazar detalló que el modus operandi de la red incluía facturación ficticia, sobrefacturación de tratamientos oncológicos y pagos a empresas vinculadas que actuaban como “lavadoras” de fondos públicos. El testigo clave del Ministerio Público, Pablo José Ortiz, habría confirmado cómo por cada millón pagado a empresas del grupo RIT, un porcentaje se desviaba hacia prestadoras utilizadas para blanquear los recursos. “Este es el caso más siniestro y cruel que ha tocado el PECA”, citó Salazar al magistrado Wilson Camacho.
Los fiscales también señalan que el esquema afectó directamente la salud de miles de afiliados, negándoles tratamientos reales mientras se cobraban servicios inexistentes. Radioterapias, quimioterapias, cirugías y hasta hemodiálisis a pacientes fallecidos figuran entre las irregularidades detectadas. En paralelo, el Ministerio Público investiga el lujoso patrimonio del exfuncionario, incluyendo una villa en Casa de Campo que se alquila por hasta US$2,200 por noche, presuntamente no declarada en su patrimonio.
La Operación Cobra nombre dado al caso continúa ampliándose, con nuevas pruebas financieras y forenses que, según el Ministerio Público, confirman un “entramado frío, inhumano y sistemático” para desfalcar recursos destinados a la salud de los dominicanos.
De acuerdo con las investigaciones, varias de las empresas involucradas en el esquema habrían recibido más de 14 mil millones de pesos sin contar con la capacidad operativa para ofrecer los servicios facturados. Entre estas se encuentran compañías vinculadas a los imputados y otras creadas exclusivamente para triangular pagos. La periodista sostuvo que el Ministerio Público posee trazas bancarias, correos internos y reportes de auditoría que demuestran cómo estas entidades funcionaban como “tuberías” para sacar dinero limpio desde SENASA hacia cuentas privadas.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil pidieron que este caso no se convierta en otro expediente de gran resonancia mediática que termine empantanado. Exigen que todos los responsables sin importar su jerarquía política o influencia económica respondan ante la justicia. “Estamos ante un golpe brutal a la confianza pública. Si aquí no hay consecuencias ejemplares, enviarán el mensaje de que robar en el Estado sigue saliendo barato”, advirtieron.
