La comunicadora y analista política Susana Gautreau consideró que los ajustes realizados al Presupuesto General del Estado para 2025 marcan un punto de partida hacia una mayor racionalidad en el uso de los recursos públicos, al afirmar que “ajustaron el presupuesto y por ahí comienza la racionalidad, vamos a tener mejores ejecuciones presupuestarias”.

Durante su comentario, Gautreau destacó que el Gobierno anunció recortes que oscilan entre un 0.1 % y un 27 % en los fondos asignados a 16 instituciones del Estado, mientras que otras 12 partidas experimentaron incrementos estratégicos, sobresaliendo un aumento del 11 % en la administración de la deuda pública. Indicó además que el Poder Judicial y el Senado de la República son las únicas entidades que mantienen su presupuesto sin variaciones respecto al diseño original.

La analista resaltó la reformulación presupuestaria liderada por el economista Magín Díaz, al asegurar que en el proceso se evidencia “pericia, conocimiento y manejo de los indicadores macroeconómicos”, elementos que, a su juicio, fortalecen la credibilidad técnica de los ajustes realizados para el próximo año.

En relación con la creación del Ministerio de Justicia, Gautreau explicó que esta nueva entidad asumirá funciones que anteriormente estaban bajo la Procuraduría General de la República, como la gestión de compras, las cárceles y todo el sistema penitenciario. No obstante, expresó dudas sobre la rapidez con que esta transformación podrá implementarse en la práctica, al advertir que pasar de la ley a la ejecución efectiva suele ser un proceso lento.

Finalmente, la comunicadora abordó las fusiones de instituciones estatales, mostrándose a favor de la racionalización del Estado, aunque alertó sobre los riesgos de concentrar poder sin controles adecuados. También criticó la eliminación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), al considerar que la planificación económica y las funciones de Hacienda persiguen objetivos distintos. Gautreau calificó como “grave” el problema de la subejecución presupuestaria, señalando que la incapacidad de algunas instituciones para ejecutar sus recursos revela fallas de planificación o de gestión.