La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró este viernes que el Gobierno no permitirá impunidad en el caso de Ethian Vásquez, el exesposo de una diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y hijo de un aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Peña reiteró el compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado, enfatizando que en su gestión “no importa quién sea, si es culpable tiene que pagar”. La funcionaria agregó que el narcotráfico “hace un daño profundo a nuestra sociedad” y que el Gobierno trabaja para erradicarlo en todas sus formas.
Cuestionada sobre el debate en torno al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la vicepresidenta expresó que el tema “debe ser analizado con profundidad” antes de tomarse cualquier decisión.
En otro orden, Raquel Peña confirmó que el tema de la cesantía laboral “ya está cerrado”, subrayando que el Gobierno se enfocará en preservar los derechos adquiridos de los trabajadores dominicanos.
El caso de Ethian Vásquez ha generado gran controversia en los círculos políticos y judiciales del país. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Estados Unidos lo requiere en extradición por presunta participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades norteamericanas habrían presentado pruebas que vinculan al imputado con el envío de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha guardado cautela respecto al tema, limitándose a expresar su apoyo a las instituciones judiciales y a los procesos legales que garanticen la transparencia. Dirigentes de la organización oficialista destacaron que, bajo el mandato de Abinader, “nadie está por encima de la ley” y que las investigaciones deben continuar sin interferencias políticas.
En tanto, sectores de la sociedad civil y organizaciones anticorrupción han respaldado las declaraciones de la vicepresidenta, valorando la firmeza del Gobierno frente a casos sensibles que involucran figuras con poder o vínculos políticos. “Es un mensaje claro de que el combate a la impunidad no tiene excepciones”, señalaron representantes del movimiento Participación Ciudadana.
