El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, advirtió sobre los graves riesgos e inconsistencias del nuevo Código Penal, aprobado recientemente, calificándolo como un “Frankenstein jurídico” que podría generar una inflación punitiva, afectar la libertad de expresión y aumentar la conflictividad judicial en el país.

Durante una entrevista en el programa “Despierta con CDN”, Potentini explicó que, aunque la actualización del Código Penal era una necesidad impostergable —ya que el anterior data de 1884—, la nueva versión contiene disposiciones preocupantes que deben ser revisadas. Entre ellas mencionó la penalización del piropo, las restricciones a la libertad de expresión y el polémico Artículo 310, que sanciona los gestos que puedan considerarse ultraje a un funcionario público, con multas que podrían ascender a millones de pesos.

El jurista también se refirió al proceso de evaluación y ratificación de jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al que criticó por su falta de transparencia y motivación. A su juicio, el CNM opera como un “acto político” debido a su composición y a la influencia partidaria que lo domina. En ese sentido, propuso una reforma constitucional para abrir el Consejo a otros sectores, como el Colegio de Abogados y las universidades, en busca de un modelo más meritocrático e independiente.

Sobre la propuesta de otorgar el voto a policías y militares, Potentini manifestó su rechazo contundente, alegando que una medida de ese tipo pondría en riesgo la neutralidad institucional y politizaría a cuerpos que deben permanecer al margen de los intereses partidarios. “Sin una estructura institucional fuerte basada en la meritocracia, darles voto sería una perturbación al orden democrático”, advirtió.

Finalmente, el presidente del CARD reconoció los avances recientes en el Ministerio Público, destacando la promoción de fiscales de carrera y la aplicación del debido proceso en los ascensos y designaciones. Sin embargo, reiteró que la prioridad nacional debe ser la revisión integral del Código Penal, a fin de garantizar un marco legal moderno, justo y coherente con los principios constitucionales y los derechos fundamentales.