El gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó 1,980 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán para reforzar la seguridad y combatir al narcotráfico, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Este contingente forma parte del plan de paz y justicia que contempla más de 10,000 efectivos en todo el país.
De acuerdo con autoridades federales, un grupo de fuerzas especiales tendrá la misión de ubicar y detener a los líderes de las organizaciones criminales que operan en la región, particularmente aquellas dedicadas a la extorsión de productores de limón y aguacate.
La ofensiva se da mientras continúan las investigaciones por el crimen del alcalde, ocurrido hace diez días durante un festejo por el Día de los Muertos. Ocho policías municipales que integraban su escolta se encuentran bajo investigación, luego de que el ataque fuera perpetrado por un adolescente que murió cuando los agentes repelieron la agresión.
En su mensaje desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum aseguró que “no habrá tregua contra el crimen organizado” y que su gobierno actuará con firmeza en los estados más afectados por la violencia. Destacó que Michoacán es prioridad dentro de la nueva estrategia federal de seguridad, la cual busca recuperar territorios controlados por el narcotráfico y garantizar la protección de los ciudadanos.
El despliegue también incluye la instalación de bases operativas mixtas y patrullajes aéreos en municipios como Apatzingán, Zamora, Aguililla y Uruapan, zonas marcadas por enfrentamientos entre grupos criminales rivales. Las fuerzas federales trabajarán de manera coordinada con la Fiscalía General de la República para desmantelar las redes de extorsión y secuestro que afectan al sector agrícola.
Mientras tanto, los productores de limón y aguacate manifestaron su esperanza de que la intervención militar traiga estabilidad a la región, aunque algunos expresaron temor por posibles represalias de los cárteles. Organismos civiles exigieron que la estrategia no se limite a la fuerza, sino que contemple programas de desarrollo, empleo y apoyo social para reducir la dependencia económica del crimen organizado.
