Ciudad de México.– El fiscal general de México, Alejandro Manero, presentó su renuncia formal ante el Senado tras recibir la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar una embajada. La decisión se produce en un contexto de tensiones entre la Fiscalía Federal y el gobierno, y con el objetivo, según la mandataria, de “fortalecer la coordinación con las instituciones estatales para combatir el crimen”.
La salida de Manero se suma a una serie de movimientos políticos recientes en la región, donde otros funcionarios han dimitido por escándalos o presiones políticas, aumentando la incertidumbre en el entorno gubernamental. Analistas señalan que esta renuncia podría redefinir las estrategias del gobierno en materia de seguridad y justicia.
La renuncia también ha generado preocupación entre organizaciones civiles y legisladores, que exigen claridad sobre la transición en la Fiscalía y garantías de independencia en las investigaciones en curso. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum enfatizó la necesidad de mantener la estabilidad institucional y continuar la lucha contra la criminalidad en todo el país.
Expertos en política mexicana consideran que la renuncia de Manero podría influir en la percepción internacional sobre la estabilidad del sistema judicial del país, especialmente en un momento en que México enfrenta crecientes desafíos en materia de crimen organizado y corrupción. La coordinación entre la Fiscalía General y las fiscalías estatales será clave para garantizar que las investigaciones en curso no se vean afectadas por cambios administrativos.
Por su parte, partidos de oposición han cuestionado la designación de Manero para una embajada, señalando que esta decisión podría interpretarse como un intento de “desactivar tensiones internas” en lugar de abordar de manera directa los problemas estructurales de la Fiscalía. Las discusiones sobre su reemplazo ya se han iniciado en el Senado, donde se espera que se busque un perfil que asegure independencia y continuidad en las investigaciones clave.
Mientras la transición se desarrolla, organizaciones civiles han llamado a la sociedad a mantener la vigilancia sobre el proceso y exigir transparencia, asegurando que la Fiscalía siga operando con autonomía y que las decisiones políticas no interfieran en la justicia. La renuncia de Manero marca un capítulo crítico en la relación entre el gobierno y la institución encargada de perseguir el crimen en México.
