En el programa Hoy Mismo Matinal se abordaron este jueves dos temas que han generado fuerte controversia en la opinión pública y que involucran al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo Telemicro: la condena al Estado dominicano por el caso de Affe Gutiérrez Gil y las acusaciones de presión judicial para el cierre del Canal 3.
El panel calificó ambos hechos como ejemplos preocupantes de lo que consideran un abuso de poder e influencia empresarial sobre instituciones del Estado, el sistema judicial y la libertad de prensa en República Dominicana.
Los comentaristas de Hoy Mismo recordaron que la Suprema Corte de Justicia condenó recientemente al Estado dominicano al pago de 10.9 millones de pesos en favor de Affe Gutiérrez Gil, tras declararse su inocencia en un crimen ocurrido en 2005 por el cual fue condenado injustamente a 30 años de prisión.
El caso se relaciona con el asesinato del niño Wester Junior Solís, ocurrido cerca del negocio del padre de Gutiérrez. Años después, en 2008, el proceso fue reabierto y se acusó tanto a Affe como a su padre de ser los responsables del homicidio.
Durante el programa se alegó que testigos habrían sido sobornados y que la acusación fue supuestamente fabricada bajo la influencia de Gómez Díaz, quien entonces mantenía una relación con la comunicadora Sara Pepén, pareja sentimental de Gutiérrez.
Los panelistas destacaron que la sentencia de la Suprema Corte representa una victoria moral, pero lamentaron que sea el Estado —y no el empresario señalado— quien deba asumir la indemnización. Además, enfatizaron que el daño causado fue “irreparable”, al recordar que Gutiérrez perdió su licencia de piloto, su trabajo en la Policía y otras oportunidades laborales durante los 24 meses que estuvo encarcelado injustamente.
“No se trata solo de dinero, sino de dignidad. Este fallo busca que ninguna familia vuelva a vivir algo así”, expresaron los comentaristas.
Denuncian intento de cierre del Canal 3
La presunta presión judicial contra el Canal 3, medio de comunicación que, según el panel, estaría siendo objeto de maniobras económicas y legales impulsadas por Gómez Díaz para eliminar a un competidor mediático.
De acuerdo con las denuncias presentadas en el espacio, abogados vinculados al empresario habrían preparado un proyecto de sentencia que fue entregado a un juez del Tribunal Superior Administrativo (TSA), con el propósito de lograr una decisión “arbitraria” que permita al Indotel ordenar el cierre del Canal 3.
El canal, sin embargo, posee licencia de operación desde hace más de 20 años, cumple con el pago de impuestos, energía eléctrica y uso del espectro radioeléctrico, mientras que Gómez Díaz —según las acusaciones— tendría deudas millonarias con el Estado en esos mismos conceptos.
El panel advirtió que, de concretarse un fallo irregular, “el juez quedaría expuesto como un corrupto vendido”, y alertó a la sociedad civil sobre los riesgos de permitir que intereses económicos coarten la libertad de prensa y distorsionen la seguridad jurídica de empresas que operan conforme a la ley.
El segmento concluyó con un llamado a las autoridades judiciales y al Consejo del Poder Judicial a vigilar de cerca los procesos relacionados con figuras de poder económico, asegurando que “la justicia no puede seguir siendo selectiva ni sometida al dinero”.
