El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró este martes que el proyecto de reforma al Código de Trabajo ya cuenta con el nivel de consenso necesario para avanzar hacia su aprobación, a pesar de las reiteradas solicitudes del sector empresarial para que se incluyan nuevas modificaciones en la pieza legislativa.
Durante un encuentro entre representantes del empresariado y la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, los empresarios volvieron a presentar 14 propuestas que buscan incorporar en el texto final. Sin embargo, Olivares indicó que el proceso de consultas se encuentra “prácticamente concluido”, tras meses de discusiones entre Gobierno, empleadores y trabajadores.
El funcionario precisó que la reforma será enviada en los próximos días al Poder Ejecutivo, y posteriormente al Congreso Nacional, donde continuará el trámite legislativo para su conocimiento y eventual aprobación.
Olivares insistió en que el documento refleja un equilibrio entre las expectativas de los diferentes sectores y subrayó el compromiso del Gobierno con una actualización normativa que fortalezca los derechos laborales y, al mismo tiempo, fomente la competitividad en el país.
La reforma al Código de Trabajo ha sido objeto de debate durante años, en un contexto de constantes tensiones entre los actores sociales que buscan proteger sus intereses en materias como la jornada laboral, cesantía, teletrabajo y seguridad social.
La reforma al Código de Trabajo dominicano se discute desde hace más de una década, impulsada por la necesidad de adaptar la legislación a los cambios en el mercado laboral, como el auge del teletrabajo, nuevas formas de contratación y la modernización de los procesos productivos. Sin embargo, el debate ha estado marcado por fuertes diferencias entre los sectores empleador y sindical, especialmente en puntos sensibles como la reducción de la cesantía, licencias laborales y la flexibilización de la jornada de trabajo.
Los sindicatos han exigido que cualquier modificación garantice y amplíe los derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios insisten en que la normativa actual es rígida, eleva los costos laborales y limita la competitividad. Estos intereses contrapuestos han ralentizado la aprobación de una reforma que, según el Gobierno, es clave para el fortalecimiento del clima laboral y el crecimiento económico del país.
