El Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó una nueva ordenanza que limita el incremento anual de las rentas a un máximo de 4% y un mínimo de 1% para las unidades construidas antes de 1978. La medida, votada con 12 votos a favor y dos en contra, representa la primera modificación a la ley de estabilización de renta en 40 años y ha sido recibida como un alivio por miles de inquilinos que enfrentaban aumentos cada vez más elevados.

Además del tope al alza, la normativa elimina los aumentos adicionales por servicios como luz o gas incluidos en la renta, así como cargos extra por dependientes. Defensores de la medida aseguran que dará mayor estabilidad a los residentes, en una ciudad donde más de la mitad de los inquilinos destinan el 30% de sus ingresos al pago de vivienda, y uno de cada diez llega a invertir hasta el 90%.

Sin embargo, pequeños propietarios han expresado preocupación, argumentando que con estos límites podrían no generar lo suficiente para cubrir remodelaciones y mantener viviendas en condiciones óptimas. La ordenanza entrará en vigor en junio del próximo año y aplicará a unas 650,000 unidades habitacionales, aunque no incluye las casas unifamiliares, que quedan fuera de estas nuevas protecciones.

Las autoridades municipales destacaron que esta reforma surge en respuesta directa a la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad, donde los alquileres han aumentado de forma sostenida durante las últimas décadas. Legisladores a favor de la medida señalaron que limitar los incrementos permitirá a miles de familias permanecer en sus hogares y reducirá el riesgo de desplazamiento, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

Por otro lado, asociaciones de propietarios advirtieron que esta decisión podría generar un efecto contrario al esperado, pues algunos dueños podrían optar por retirar unidades del mercado de alquiler o reducir inversiones en mantenimiento, afectando la calidad de las viviendas disponibles. Aun así, grupos comunitarios insistieron en que la regulación era necesaria para frenar lo que consideran “aumentos abusivos” en un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible.

La ordenanza, que ha despertado un amplio debate en la ciudad, será acompañada por un plan de seguimiento y evaluación para medir su impacto en los próximos años. Funcionarios aseguraron que continuarán revisando la normativa según la evolución del mercado, mientras organizaciones de inquilinos ya preparan campañas informativas para explicar a los residentes cómo beneficiarse de las nuevas protecciones.