La jueza del Tribunal Constitucional (TC), Sonia Díaz, propuso este viernes abrir el debate sobre la posibilidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones, un planteamiento que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico nacional.
Durante su intervención, Díaz señaló que la medida buscaría garantizar la inclusión democrática de todos los ciudadanos, sin distinción de funciones o cargos públicos. La magistrada recordó que, en los últimos comicios, el país experimentó un plan piloto para permitir el voto de los internos preventivos, lo que, según su criterio, demuestra la viabilidad de extender este derecho a otros grupos históricamente excluidos del sufragio.
Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por varios diputados del Congreso Nacional, quienes consideran que la República Dominicana “no está preparada” para permitir el voto militar y policial. Argumentan que el tema ha sido conflictivo a lo largo de la historia dominicana, haciendo alusión a los años de influencia política militar durante el régimen de Joaquín Balaguer. Los legisladores sostienen que abrir esa puerta podría reavivar tensiones entre las instituciones armadas y el sistema democrático.
Por su parte, el representante de la Defensoría Pública, Valentín Santos, expresó su apoyo a la iniciativa, afirmando que no ve inconveniente alguno en que los militares y policías voten, siempre que se garantice la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Santos subrayó que docenas de países en América Latina ya permiten el voto militar y que la República Dominicana podría seguir ese ejemplo, con los debidos controles para evitar el proselitismo.
No obstante, la Constitución Dominicana, en su artículo 208, establece de manera clara que los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden ejercer el derecho al voto. Por esa razón, varios legisladores recordaron que la jueza Díaz no tiene competencia para promover cambios en materia electoral y que cualquier modificación de este tipo requeriría una reforma constitucional. El debate, sin embargo, ha reabierto una vieja discusión sobre la modernización del sistema electoral y los límites del derecho ciudadano en el país.
