SANTO DOMINGO.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que varias de las reformas incluidas en el nuevo proyecto de Código Procesal Penal (CPP) podrían debilitar las garantías del debido proceso y afectar la seguridad jurídica en la República Dominicana. La entidad remitió un documento técnico al presidente de la Cámara de Diputados con observaciones puntuales al texto aprobado por el Senado, señalando que algunos artículos representan “un retroceso” frente a la normativa actual.

Según un informe elaborado por una comisión técnica coordinada por el jurista Francisco Álvarez, aunque el proyecto presenta avances en ciertos aspectos de gestión judicial, reduce controles en áreas clave del proceso penal. Entre los puntos más críticos, Finjus cuestiona que la nueva regulación sobre la “rebeldía del imputado” elimina la necesidad de demostrar que la persona buscaba sustraerse del proceso, lo que podría facilitar decisiones arbitrarias.

La institución también alertó que la definición del “plazo razonable” queda a discreción judicial, lo que podría afectar la seguridad jurídica y complicar el control de los tiempos procesales. Asimismo, señaló que uno de los cambios más sensibles tiene que ver con la interceptación de telecomunicaciones, donde el proyecto permite renovaciones indefinidas y amplía los plazos, sin limitar los tipos de delitos en los que se puede aplicar. Para Finjus, esto abre la puerta a una vigilancia excesiva con menor supervisión judicial.

En cuanto a la prisión preventiva, la fundación denunció que los cambios propuestos convierten esta medida en una herramienta casi ordinaria, ya que se aumenta de tres a ocho los supuestos para aplicarla, contraviniendo el principio constitucional que la declara excepcional. También criticó la eliminación de controles sobre la admisión de querellas, el archivo de casos y las nuevas limitaciones al recurso de apelación, que podrían impedir la revisión de sentencias con vicios graves.

Finalmente, Finjus solicitó una reunión con la comisión que estudia el proyecto en la Cámara de Diputados para presentar propuestas que fortalezcan las garantías procesales. La entidad expresó confianza en que el Congreso aprovechará esta reforma para fortalecer la institucionalidad y la justicia penal, y no para debilitar los derechos de los ciudadanos.