En un operativo conjunto, agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) apresaron a dos personas acusadas de integrar una asociación de malhechores dedicada al robo y uso fraudulento de tarjetas de crédito, en la provincia Santiago.
Los detenidos fueron identificados como José Fernando Cabrera Arias, de 36 años, y Yojeiri Antonia Cruz de León, alias “La Tata”, ambos residentes en el sector La Mella, del municipio de Navarrete. De acuerdo con las autoridades, los arrestos se produjeron en cumplimiento de las órdenes judiciales No. 08061-2025 y 08062-2025.
Según las investigaciones, los acusados habrían sustraído varias tarjetas de crédito pertenecientes a una joven del mismo sector y las utilizaron para realizar múltiples consumos en establecimientos comerciales de la zona, acumulando compras por un monto superior a 140 mil pesos. Las transacciones ilícitas quedaron registradas en cámaras de seguridad, lo que permitió a los agentes identificar y ubicar a los sospechosos.
Los investigadores también indicaron que los imputados forman parte de una red delictiva que opera en distintos puntos de la provincia, utilizando información financiera de terceros para cometer fraudes electrónicos.
Los detenidos fueron puestos bajo custodia y serán remitidos en las próximas horas al Ministerio Público, para ser sometidos a la justicia y responder por los hechos que se les imputan.
Delincuencia en RD
La delincuencia en la República Dominicana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. Robos, atracos a mano armada, homicidios y violencia juvenil figuran entre los delitos más frecuentes, generando un clima de inseguridad que impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Las denuncias por hechos delictivos aumentan día tras día, y muchos de estos crímenes son perpetrados en plena luz del día, lo que ha provocado una creciente desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar el orden público.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y de la Policía Nacional, que ha implementado operativos y planes estratégicos como el “Mi País Seguro”, las estadísticas continúan mostrando cifras preocupantes. Factores como el desempleo, la desigualdad social, la impunidad y la falta de oportunidades para los jóvenes han sido señalados como causas estructurales que alimentan la criminalidad.
La ciudadanía exige medidas más efectivas y sostenidas, así como una reforma profunda del sistema judicial y policial que priorice la prevención y garantice la justicia para las víctimas.
