Santo Domingo.– La reiteración de aplazamientos en casos emblemáticos de corrupción vuelve a encender las alarmas sobre la eficacia del sistema judicial dominicano. Durante su intervención en el programa Sin Maquillaje, se denunció lo que muchos ya califican como un “manual práctico” para dejar sin castigo los grandes expedientes: aplazar audiencias, agotar a la opinión pública y forzar la extinción de los procesos por vencimiento de plazos.
Uno de los casos más citados fue el de la Operación Calamar, en el que figuran como imputados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Según se informó, este proceso registra ya 19 aplazamientos desde junio de este año, muchos de ellos provocados por certificados médicos, recusaciones y solicitudes de última hora. La jueza Altagracia Ramírez manifestó públicamente su frustración, asegurando que, aunque esté cansada, su deber es garantizar los derechos de todas las partes, incluso cuando estos son utilizados para retrasar el juicio.
La situación se repite en otros expedientes, como el de Yanalán Rodríguez, que ya acumula 119 suspensiones, mientras que el caso de Alexis Medina tardó cinco años en avanzar hasta una sentencia. Para muchos, estos datos confirman la existencia de una estrategia dilatoria financiada con recursos obtenidos, precisamente, de los actos de corrupción que hoy se juzgan, alimentando el temor de que varios procesos terminen sin condenas firmes y dejando en el aire la promesa de justicia.
El patrón de retrasos, excusas médicas, recusaciones y movimientos procesales calculados ha despertado una creciente desconfianza en la población, que percibe cómo los grandes casos de corrupción se convierten en un maratón interminable donde la justicia termina agotándose antes que los imputados. La estrategia no es nueva: alargar, entorpecer y desgastar, hasta que la indignación pública se enfríe y los plazos legales comiencen a jugar a favor de quienes alguna vez abusaron del poder y los recursos del Estado.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con impotencia cómo se normaliza la mora judicial en los expedientes más sensibles del país, aquellos que deberían marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad. “Aplazar, cansar, extinguir” deja de ser una simple frase para convertirse en un reflejo crudo de una realidad institucional que pone a prueba la credibilidad del sistema de justicia dominicano y la promesa de que, algún día, la ley será igual para todos.
