El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rompió el silencio este miércoles para denunciar públicamente que ha sido víctima de difamación y extorsión por parte de la comunicadora Claudia Pérez, conocida como “La Tora”.
El legislador explicó que el conflicto se originó tras su respaldo a la campaña “Deja Raíz”, momento en que la comunicadora lo acusó de maltrato hacia las mujeres, algo que él calificó como “una mentira grave y sin fundamentos”.
Durante una intervención en el Congreso Nacional, Pacheco informó que el caso ya fue entregado a sus abogados, quienes preparan una demanda formal por difamación y chantaje.
“El caso ya está en manos de mis abogados. Anoche me senté con ellos y les entregué todos los videos con las declaraciones que esa señora ha hecho sobre mí durante el último año. Si hay elementos difamatorios, la voy a someter a la justicia”, aseguró.
El presidente de la Cámara dijo tener pruebas de las acusaciones falsas que, según él, Pérez ha difundido con el propósito de dañar su imagen. También reveló que la comunicadora habría enviado mensajeros para contactarlo, lo que considera un intento de extorsión económica.
“Esto ha llegado a un punto que no puedo dejar pasar desapercibido. Ha dicho que soy ladrón, que me quedo con parte del presupuesto de la Cámara. Todo está en video”, puntualizó.
Alfredo Pacheco lamentó tener que usar una sesión legislativa para abordar el tema, pero afirmó que no puede guardar silencio frente a lo que considera una campaña de descrédito.
“Uno no puede quedarse callado, porque si no, las mentiras se vuelven verdades. Voy a someterla a la justicia para que demuestre lo que dice”, concluyó.
Penalidad por difamación y extorsión
En la República Dominicana, la difamación y la injuria están tipificadas como delitos en el Código Penal y en la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. La difamación —que consiste en atribuir falsamente a una persona un hecho que dañe su honor o reputación— puede ser sancionada con penas de hasta un año de prisión y multas que oscilan entre 50,000 y 500,000 pesos, dependiendo de la gravedad del daño y de si se realiza por medios de comunicación o redes sociales. Cuando la víctima es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la ley agrava la sanción.
Por su parte, la extorsión está contemplada en el artículo 400 del Código Penal dominicano, que castiga con penas de dos a cinco años de prisión y multas a quien obtenga o intente obtener dinero, bienes o beneficios mediante amenazas, coacción o chantaje. Si el hecho se comete contra un funcionario o con abuso de poder, la pena puede incrementarse. En ambos casos, se considera que los delitos afectan derechos fundamentales como la honra, la libertad y la seguridad personal.
