Santo Domingo. – La forma en que algunos procesados por narcotráfico son trasladados a Estados Unidos ha abierto un debate en el ámbito judicial y legislativo dominicano. Expertos y legisladores advirtieron que las autoridades estadounidenses aplican protocolos distintos según el caso, lo que genera diferencias en los procesos de arresto y extradición.
El tema volvió a la palestra luego de que se conociera que el exasesor del Poder Ejecutivo para Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge Puras, viajará supuestamente este jueves a EE. UU. para entregarse a las autoridades por cargos de narcotráfico. Junto a él también viajará Gaspar Antonio Polanco, implicado en el mismo expediente.
El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, y el abogado Félix Olivares explicaron que la DEA realiza investigaciones previas antes de concretar la extradición y que en países con sistemas judiciales más sólidos, el arresto es el último paso, debido a la “selectividad reglada” que aplican para garantizar los procesos.
Asimismo, los expertos compararon los sistemas judiciales dominicano y estadounidense, señalando que en República Dominicana todavía se tiende a asociar el inicio de un proceso con la detención inmediata, mientras que en EE. UU. la privación de libertad depende generalmente de la sentencia o de la necesidad de garantizar el caso.
Los tratados de extradición entre ambos países se mantienen como acuerdos bilaterales que buscan equilibrar las diferencias legales, pero la disparidad en los protocolos de arresto continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y los derechos de los procesados.
Expertos en derecho internacional señalaron que estas diferencias en los protocolos podrían afectar la percepción de justicia en el país y generar cuestionamientos sobre la soberanía judicial. “Es importante que los ciudadanos entiendan que no todos los casos siguen el mismo procedimiento; la colaboración internacional es compleja y depende de múltiples factores”, indicó Olivares.
Por su parte, legisladores como Crespo hicieron un llamado a revisar los mecanismos de extradición y a fortalecer los procedimientos internos para garantizar que los acusados sean procesados respetando sus derechos, sin que la rapidez en la entrega a otro país implique vacíos legales o arbitrariedades.
