El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció que este lunes será conocido en segunda discusión el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, con el objetivo de remitirlo lo antes posible a la Cámara de Diputados. “El tiempo está corto, pero estamos tratando de enviarle el código lo más trabajado posible, para que no tenga que sufrir modificaciones y podamos concluir en el plazo establecido”, afirmó el legislador.
De los Santos explicó que la urgencia del proceso responde al límite fijado por el Tribunal Constitucional, cuyo plazo vence a finales de diciembre. Por ello, dijo que la convocatoria extraordinaria busca garantizar que el país cuente con un marco procesal actualizado y ajustado a las exigencias del sistema judicial.
El titular del Senado destacó que la reforma ha sido revisada conforme a los principios constitucionales y a las recomendaciones de los sectores sociales y jurídicos consultados. “Hemos incorporado los cambios necesarios para fortalecer la justicia penal y asegurar el respeto a los derechos fundamentales”, aseguró.
De los Santos enfatizó que el nuevo Código Procesal Penal busca modernizar los procedimientos judiciales y garantizar mayor eficiencia en la administración de justicia, reduciendo los tiempos de los procesos y fortaleciendo la transparencia en los tribunales. Señaló que la actualización también pretende proteger los derechos de las víctimas y de los imputados, asegurando un equilibrio entre justicia y garantías constitucionales.
Asimismo, destacó que la colaboración con distintos sectores, incluyendo jueces, fiscales, abogados y organizaciones de la sociedad civil, permitió incorporar ajustes que responden a las necesidades reales del sistema judicial dominicano. “No se trata solo de cumplir con un plazo, sino de entregar un código que sea funcional y respetuoso de la ley y los derechos de todos”, agregó.
Finalmente, el presidente del Senado reiteró que esperan que la Cámara de Diputados reciba el proyecto sin mayores modificaciones, lo que permitirá que la reforma entre en vigor dentro del tiempo establecido por el Tribunal Constitucional. De concretarse, sería un paso clave para actualizar el marco legal penal y fortalecer la institucionalidad del país.
