La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República remitieron a la Procuraduría General un informe que identifica a un grupo de proveedores sospechosos de incurrir en prácticas fraudulentas y manipulación de contratos con el Estado. El documento detalla presuntas irregularidades vinculadas a intimidación, colusión entre oferentes y posibles nexos con funcionarios públicos, acciones que habrían afectado la libre competencia en diversos procesos de adjudicación.
Entre las empresas señaladas figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones QTEC SRL y Trinley Business SRL, las cuales, según la investigación, habrían utilizado múltiples razones sociales para repartirse licitaciones y excluir a otros participantes. Las autoridades informaron que el análisis incluyó un riguroso monitoreo de los procesos de compras, así como la trazabilidad de datos financieros y administrativos relacionados con cada adjudicación.
El informe fue remitido además a ProCompetencia, con el propósito de ampliar la investigación y coordinar las sanciones correspondientes. La DGCP reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del sistema de compras públicas frente a redes empresariales que buscan distorsionar la competencia y defraudar al Estado.
Según fuentes vinculadas al proceso, el informe también sugiere que las compañías bajo investigación habrían simulado competencia entre sí para inflar precios y garantizar la adjudicación de contratos a través de mecanismos de “licitaciones espejo”. Esta práctica, considerada una violación grave a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, representa una amenaza directa a la transparencia y a la eficiencia del gasto público.
Asimismo, las autoridades adelantaron que se está trabajando en la creación de un sistema de alerta temprana que permitirá identificar de manera automática patrones de comportamiento sospechoso entre proveedores. Dicho sistema integrará bases de datos de la DGCP, la Contraloría, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Cámara de Comercio, con el fin de fortalecer la detección de irregularidades antes de que se materialicen los contratos.
Por su parte, la Procuraduría General de la República informó que, una vez recibida la documentación, procederá a realizar las diligencias judiciales correspondientes para determinar posibles responsabilidades penales. En caso de comprobarse los hechos, los implicados podrían enfrentar sanciones que incluyen la inhabilitación para contratar con el Estado, multas millonarias y procesos judiciales por fraude y asociación de malhechores.
