La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) arrestó en Miami a Fabio Augusto Jorge, empresario de Santiago y tesorero del equipo de béisbol Águilas Ibaeñas, quien hasta mayo se desempeñaba como asesor honorífico del Poder Ejecutivo. La detención se produce tras acusaciones federales por conspirar para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.
El analista político Rafael Linares cuestionó la transparencia del proceso y los bienes de Jorge, señalando diferencias con otros narcotraficantes no vinculados al gobierno. “¿Dónde están los millones y millones de dólares en bienes de este señor? ¿Por qué el Ministerio Público no publica esta información?”, preguntó Linares.
El titular de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Uyoa, confirmó que la investigación incluye vínculos con zonas francas y que se trata de un caso de alto perfil que involucra a otros dominicanos. La acusación federal, presentada el 30 de septiembre de 2025 en el distrito sur de Florida, señala que Jorge Puras y Gaspar Polanco conspiraron para traficar e importar cocaína hacia Estados Unidos.
Linares comparó el caso con otros extraditados, como Alexander Iglesia, y advirtió posibles irregularidades en la entrega de estos capos. “Se permite que salgan del país sin identificar sus bienes, lo que podría considerarse una especie de lavado interno”, afirmó. Además, hizo un llamado a la transparencia y a que las autoridades informen sobre los recursos incautados a los narcotraficantes vinculados a la política.
Además, Linares criticó la complacencia con ciertos sectores y la aparente protección que reciben los narcotraficantes de alto perfil vinculados a la política, señalando que esto genera una percepción de impunidad. “El país necesita claridad: los ciudadanos deben saber quiénes reciben dinero de estos capos y cómo se manejan sus bienes”, sostuvo.
El caso ha puesto nuevamente el foco sobre la relación entre crimen organizado y estructuras de poder en la República Dominicana, generando debate sobre la eficacia de las autoridades locales frente a investigaciones internacionales. Expertos legales advierten que la transparencia en estos procesos es clave para recuperar la confianza pública y fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
