Miembros de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) se manifestaron este miércoles frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para exigir que el Gobierno mantenga los subsidios a los combustibles, medida que, según afirmaron, permite sostener las tarifas del pasaje entre RD$35 y RD$40.
El presidente del gremio, Arsenio Quevedo, explicó que este acuerdo, vigente desde hace varios años, ha evitado el alza del transporte público y posibles paros del servicio. Advirtió que, sin el subsidio, el costo real del pasaje alcanzaría los RD$90, lo que podría provocar enfrentamientos entre choferes, cobradores y pasajeros por el aumento.
Quevedo denunció que algunos asesores del presidente Luis Abinader estarían recomendando la eliminación de esta compensación, lo que, a su juicio, generaría una crisis en el sector transporte. Aseguró que el gremio entregó una comunicación formal al Intrant tras una reunión con sus funcionarios, pero hasta el momento no han recibido respuesta.
El dirigente también aclaró que el Gobierno no entrega combustible directamente a los transportistas, sino que los exonera de impuestos sobre el mismo. En caso de eliminar ese beneficio, advirtió, el pasaje urbano subiría a RD$90 y el interurbano a RD$200, afectando directamente a miles de usuarios del transporte público.
El conflicto entre los transportistas y el Gobierno por el subsidio a los combustibles es una situación que se ha mantenido de forma persistente en República Dominicana. Desde hace años, los gremios del transporte han expresado su preocupación ante la posibilidad de que se elimine o reduzca este beneficio, argumentando que es la única medida que permite mantener estable el precio del pasaje para la población.
Cada intento de modificar el subsidio ha generado tensiones, amenazas de aumento en las tarifas o de paralización del servicio, lo que refleja la fragilidad del sistema de transporte público. Las autoridades, por su parte, enfrentan el reto de equilibrar las demandas del sector con la sostenibilidad económica del Estado. En sentido general, el problema evidencia la ausencia de una política integral de transporte y la dependencia prolongada de subsidios como mecanismo para evitar crisis sociales.
