Las asociaciones de productores arroceros de la subregión Villa Riva–Bajo Yuna–Nagua, que comprende las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, alertaron sobre una etapa de inestabilidad en el sector debido a las políticas de importación aplicadas en 2024. Los dirigentes Fernando Chávez, Bernardina Hernández y Roberto Familia señalaron que el programa de importación por desabasto, sumado a remanentes de permisos de años anteriores y decisiones tomadas fuera de la Comisión Nacional Arrocera (Conaarroz), ha afectado gravemente la cadena productiva.
Según los productores, las medidas implementadas han beneficiado principalmente a los importadores, mientras que los agricultores locales enfrentan pérdidas económicas, reducción de capital y un debilitamiento de la actividad productiva. “La confianza en el sector se ha visto erosionada por decisiones que no consideran el impacto real en los productores nacionales”, afirmaron.
Aunque reconocieron los esfuerzos del Gobierno en subsidios y medidas de protección frente al DR-Cafta, los arroceros denunciaron que las políticas erradas han deteriorado la rentabilidad del sector, especialmente en el Nordeste. La combinación de precios elevados de fertilizantes, la volatilidad del dólar y el incremento en los costos laborales ha complicado aún más la situación.
Los dirigentes agrícolas alertaron que la sobreoferta prevista para 2025 podría revertir el repunte económico alcanzado en 2023. Señalaron que de no tomarse medidas correctivas, la producción nacional de arroz enfrentará un panorama de incertidumbre que podría afectar la seguridad alimentaria y la economía local de las comunidades productoras.
Por último, los productores hicieron un llamado a que se revisen los programas de importación y se fortalezca la coordinación con Conaarroz, a fin de proteger a los agricultores nacionales y garantizar la sostenibilidad del sector. “Es urgente que se implementen políticas que equilibren la competitividad con la protección de los productores locales”, concluyeron.
