PUERTO PRÍNCIPE. – La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) reveló este viernes que entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025, se registraron 2,123 homicidios en todo el territorio haitiano, incluidos 161 mujeres, 16 niñas y 29 niños, reflejando una ligera reducción del 10 % con respecto al período anterior.

El informe también documenta 334 secuestros, en su mayoría atribuidos a bandas armadas que continúan expandiendo su control territorial en la capital, Puerto Príncipe, y otras regiones. A pesar del descenso en el número total de asesinatos, la ONU alertó que la situación sigue siendo crítica y alarmante, ya que las violaciones, desplazamientos forzados y extorsiones se mantienen en aumento.

De acuerdo con la BINUH, la violencia de las pandillas ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, buscando refugio en escuelas, iglesias y espacios improvisados. Las zonas más afectadas continúan siendo Cité Soleil, Carrefour y Delmas, donde las disputas entre grupos armados mantienen paralizadas las actividades económicas y educativas.

La ONU reiteró su llamado a la comunidad internacional para que acelere el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, con el fin de contener la violencia y restaurar la gobernabilidad en el país caribeño, que atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente.

La organización internacional advirtió que, pese a los esfuerzos del Gobierno haitiano y el apoyo limitado de la Policía Nacional, las pandillas controlan más del 80 % de Puerto Príncipe, lo que les permite imponer toques de queda, peajes ilegales y reclutar jóvenes por la fuerza. Este nivel de control ha dificultado la distribución de ayuda humanitaria, agravando la escasez de alimentos y medicamentos en los barrios más pobres.

Asimismo, la ONU manifestó su preocupación por la violencia sexual utilizada como herramienta de terror por parte de los grupos armados, especialmente contra mujeres y niñas. En su informe, subraya que el país se enfrenta a un colapso institucional y social, mientras miles de ciudadanos siguen intentando escapar por la frontera con República Dominicana o a través de rutas marítimas peligrosas hacia otros países del Caribe.