El Ministerio Público incautó un autobús en Hato Mayor como parte de una investigación por presunto lavado de activos. El operativo estuvo a cargo del magistrado Claudio Cordero, bajo la coordinación de la Dirección de Persecución de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República.

Durante el procedimiento, las autoridades informaron que el vehículo forma parte de un caso en curso vinculado a transacciones financieras sospechosas. “Estamos realizando una incautación por parte de la dirección de persecución del Ministerio Público en el marco de esta investigación”, declaró el magistrado Cordero.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los implicados ni el origen de los fondos presuntamente relacionados con el autobús incautado. Las autoridades indicaron que ofrecerán más detalles conforme avance el proceso de investigación para esclarecer el caso.

El operativo se llevó a cabo en presencia de agentes policiales y fiscales, generando expectación entre los residentes de la zona, quienes observaron el traslado del autobús mientras se desarrollaba el procedimiento judicial.

Fuentes cercanas al Ministerio Público informaron que el vehículo incautado será sometido a un proceso de inspección y peritaje con el objetivo de rastrear posibles vínculos con actividades ilícitas. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades para combatir el lavado de activos en la región Este del país.

El magistrado Claudio Cordero, reconocido por su trayectoria en investigaciones de delitos financieros, reiteró el compromiso del Ministerio Público de actuar con transparencia y firmeza frente a los casos de corrupción y crimen organizado, asegurando que los resultados de esta pesquisa serán dados a conocer tan pronto las indagatorias lo permitan.

Las autoridades enfatizaron que este tipo de operativos son fundamentales para frenar el uso de bienes muebles e inmuebles en actividades ilícitas, enviando un mensaje claro de que el sistema judicial mantiene una vigilancia estricta sobre el lavado de activos en el país.

Asimismo, instaron a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones aportando información relevante y reiteraron que la lucha contra el crimen financiero requiere del apoyo conjunto de las instituciones y la sociedad para garantizar mayor transparencia y justicia.