Como alternativa ante la penalización total del aborto en República Dominicana, un proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia y coerción reproductiva propone que el presidente de la República pueda considerar decisiones humanitarias, incluyendo un indulto anticipado, al personal médico que practique abortos a niñas embarazadas víctimas de violaciones o incestos.
La iniciativa, presentada por la diputada perremeísta Margarita Tejeda y respaldada por 35 legisladoras, forma parte del plan legislativo “Déjala Ir” y busca evitar que se penalice a los médicos en casos donde la interrupción del embarazo tenga como objetivo preservar la salud mental de la menor. El artículo 14 del proyecto establece que, ante situaciones extremas, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público deberán actuar de manera coordinada.
De acuerdo con el procedimiento propuesto, la niña embarazada por violación o su tutor pueden solicitar la interrupción del embarazo. Posteriormente, las autoridades de salud informarán al Ministerio Público y a un juez competente, quien podrá emitir una “decisión urgente” dirigida al presidente. Este dictamen serviría como base para que el mandatario adopte decisiones humanitarias, como el indulto anticipado, antes de que exista una sentencia firme.
El proyecto también contempla que, si la gestación debe continuar, el Ministerio de Salud garantice atención médica integral, apoyo psicológico especializado y acompañamiento durante todo el proceso. Además, cuando la vida o la salud integral de la menor esté en riesgo grave, el equipo médico aplicará el protocolo correspondiente para protegerla. Esta propuesta surge en medio del estancamiento de la reforma al Código Penal, donde los intentos por aprobar las tres causales —riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación o incesto— no han logrado el consenso necesario en el Congreso.
