SANTO DOMINGO — La comunicadora Julia Muñiz expresó su alta preocupación por la situación de personas condenadas por abusos sexuales y violación, quienes, según ella, están saliendo de prisión bajo tecnicismos legales sin contar con un seguimiento adecuado. Muñiz destacó casos recientes de gran repercusión mediática, como los de Doni Santana y Pablo Ross, y cuestionó si estas personas están realmente preparadas para reintegrarse a la sociedad.

La especialista señaló que la pedofilia es una enfermedad que no se cura, solo se controla, y que quienes padecen esta condición requieren tratamiento continuo, supervisión legal y acompañamiento social incluso después de cumplir sus condenas. En este sentido, Muñiz instó a la reforma penitenciaria a implementar medidas efectivas para garantizar que estos individuos no vuelvan a delinquir.

Además, hizo un llamado al director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santa Ana, para que se asegure de que las personas que obtienen libertad condicional reciban atención médica, terapia psicológica y supervisión constante, reforzando la necesidad de proteger a los menores y la integridad de la sociedad frente a delitos sexuales.

Muñiz también enfatizó la importancia de la supervisión legal estricta de los liberados, más allá de simples presentaciones periódicas ante autoridades. Señaló que sin un control riguroso, el riesgo de reincidencia aumenta significativamente, poniendo en peligro a los niños y jóvenes de la sociedad.

Asimismo, destacó la necesidad de un acompañamiento social integral, que incluya programas de reinserción adaptados a las particularidades de quienes han cometido delitos sexuales. Según Muñiz, la falta de seguimiento postpenitenciario debilita los esfuerzos del sistema judicial y puede generar un efecto de impunidad.

Finalmente, la comunicadora instó a las autoridades a priorizar la reforma penitenciaria, con protocolos claros para el tratamiento y reintegración de personas con conductas sexuales desviadas. Reiteró que el objetivo es proteger a la sociedad, garantizar la justicia y ofrecer herramientas efectivas para que estos individuos puedan reintegrarse sin representar un peligro.