Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso medidas de coerción contra el sacerdote católico Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de abuso sexual, consistentes en prisión domiciliaria, garantía económica de 500 mil pesos e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva en un recinto penitenciario; sin embargo, la jueza Norma Zapata consideró suficientes las medidas restrictivas de libertad para asegurar el proceso.
En la audiencia, los fiscales Rafael Antonio Bueno y Denis Guzmán representaron al Ministerio Público, que también obtuvo del tribunal medidas de protección a favor de la víctima y sus familiares. La jueza rechazó la petición de la defensa de declarar prescrita la acción penal, argumentando que se trata de un hecho presuntamente continuado.
La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, afirmó que el caso se maneja “con la debida sensibilidad y el rigor que exige la naturaleza de los hechos imputados”, y reafirmó que el Ministerio Público procurará justicia en favor de las víctimas.
Las investigaciones iniciaron tras denuncias públicas de varias personas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el imputado, entre ellas dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde los 12 y 14 años de edad. Una de ellas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, detallando que los abusos continuaron incluso en su adultez.
Durante los allanamientos autorizados en propiedades del sacerdote, fueron incautados objetos electrónicos y fotografías de víctimas, que serán analizados como parte del proceso judicial. El Ministerio Público adelantó que continúa ampliando las pesquisas.
