El Gobierno del estado de Illinois presentó una demanda contra el presidente estadounidense Donald Trump por ordenar el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, enviados desde Texas, con el propósito de controlar las protestas surgidas tras las redadas migratorias.
La acción judicial, encabezada por el fiscal general Kwame Raoul, acusa al expresidente de haber “excedido su autoridad”, ya que —según el documento presentado ante la Corte del Distrito Norte de Illinois— no existen condiciones legales que justifiquen la federalización de las tropas, como una invasión, una rebelión o el incumplimiento de leyes federales.
“El pueblo de Illinois no será sometido a una ocupación militar injustificada”, declaró el gobernador JB Pritzker, quien calificó la medida de Trump como “ilegal e inconstitucional”. En su declaración, el mandatario estatal afirmó que la presencia de tropas armadas en las calles representa una amenaza directa contra los derechos civiles y la autonomía del gobierno local.
La demanda también incluye al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El caso se produce en un contexto de alta tensión en Chicago, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararan contra una mujer el sábado en el área de South Side, hecho que avivó las manifestaciones en repudio a las redadas migratorias. Semanas antes, un inmigrante mexicano, Silverio Villegas-González, perdió la vida tras recibir un disparo de un agente federal.
“El pueblo estadounidense no debería vivir bajo la amenaza de una ocupación militar por el simple hecho de que el liderazgo de su ciudad no sea del agrado del presidente”, expresó Raoul en un comunicado. La acción judicial de Illinois se suma a una ola de demandas estatales contra el Gobierno federal, luego de que una jueza federal bloqueara también el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional de California hacia Oregón.
