El gobernador de California, Gavin Newsom, alertó este miércoles sobre la intención del presidente Donald Trump de desplegar operativos migratorios en San Francisco. A través de su cuenta en X, Newsom calificó la medida como “sacada del manual de un dictador” y cuestionó los argumentos del mandatario sobre la necesidad de controlar un supuesto aumento de la criminalidad, que el gobernador calificó de falso.
Según Newsom, estas acciones buscan generar miedo y ansiedad en la población antes de ejecutar los operativos, que incluirían agentes federales enmascarados y oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que enviará personal para llevar a cabo los operativos migratorios en el área de la bahía de San Francisco.
La denuncia de Newsom se suma a un creciente debate sobre la intervención federal en asuntos migratorios locales, y ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles que consideran que estas medidas podrían poner en riesgo la seguridad y los derechos de los residentes, especialmente de las comunidades inmigrantes.
Expertos legales advierten que estos operativos podrían generar conflictos entre las autoridades federales y locales, ya que San Francisco se ha caracterizado por sus políticas de “ciudad santuario”, que limitan la cooperación con agencias migratorias federales. Esta situación podría derivar en litigios y tensiones políticas entre el gobierno estatal y la Casa Blanca.
Organizaciones comunitarias en San Francisco han convocado a reuniones de emergencia para informar a los residentes sobre sus derechos frente a los operativos migratorios. Líderes locales han instado a la población a mantenerse alerta y a reportar cualquier abuso o detención irregular, destacando la importancia de la solidaridad comunitaria durante estas intervenciones.
Por su parte, Trump ha defendido sus acciones afirmando que son necesarias para proteger la seguridad pública y combatir la delincuencia, argumentando que las ciudades que no colaboran con ICE se convierten en “refugios para criminales”. La controversia sigue escalando mientras ambas partes, federal y estatal, mantienen posturas enfrentadas sobre la legalidad y la ética de estos operativos.
