El fiscal general de Florida, James Uthemeir, anunció el inicio de una investigación criminal contra la popular plataforma de videojuegos Roblox. Según explicó, la pesquisa busca determinar si la empresa ha incurrido en prácticas negligentes que ponen en riesgo a los menores de edad que utilizan el juego.
Uthemeir calificó a Roblox como un “caldo de cultivo” que facilita el acceso de depredadores a los niños, al tiempo que acusó a la compañía de obtener ganancias económicas sin garantizar la protección necesaria para sus jóvenes usuarios. Las autoridades de Florida pretenden establecer si la plataforma ha incumplido normas de seguridad o de responsabilidad corporativa en su funcionamiento.
El fiscal señaló que la investigación se centrará en revisar los protocolos de seguridad de Roblox, la moderación de contenido y los mecanismos de reporte ante situaciones de acoso o explotación. También se evaluará si la compañía ha implementado medidas suficientes para evitar que los menores sean contactados por adultos con intenciones maliciosas.
Representantes de organizaciones de protección infantil han apoyado la investigación, destacando la importancia de que las plataformas digitales cumplan con estándares estrictos de seguridad y protección de los usuarios más jóvenes, especialmente en entornos virtuales con interacción global.
Por su parte, Roblox emitió un comunicado asegurando que “la seguridad de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad” y que colaborarán plenamente con las autoridades mientras se realiza la investigación, subrayando su compromiso con la protección de los menores dentro de la plataforma.
Expertos en tecnología y seguridad digital advierten que casos como este podrían marcar un precedente legal importante, obligando a otras plataformas de videojuegos y redes sociales a reforzar sus políticas de seguridad y supervisión de menores.
La investigación también ha generado un debate público sobre la responsabilidad de los desarrolladores de videojuegos y plataformas online, y la necesidad de leyes más estrictas que protejan a los menores de riesgos en entornos digitales.
