Felipe Romero Sánchez condenó enérgicamente las prácticas que atentan contra el bienestar de la población. Durante una reciente intervención, expresó: “Robarle la salud y robarle la medicina a un pueblo, no tiene perdón de Dios”. Estas palabras reflejan su profunda preocupación por las políticas públicas que, según él, han desmejorado el acceso a servicios de salud esenciales.
Romero Sánchez destacó la importancia de garantizar el derecho a la salud para todos los ciudadanos, señalando que cualquier acción que limite este acceso es una grave injusticia. Instó a las autoridades competentes a revisar y reformar las políticas de salud, asegurando que se prioricen las necesidades de la población y se eliminen las barreras que impiden el acceso a medicamentos y tratamientos adecuados.
Su declaración ha generado un amplio debate en la sociedad, con muchos apoyando su postura y exigiendo cambios significativos en el sistema de salud. Organizaciones civiles y grupos comunitarios han expresado su respaldo a Romero Sánchez, comprometiéndose a trabajar juntos para abogar por una atención médica más equitativa y accesible para todos.
Adicionalmente, Romero Sánchez criticó la corrupción y la mala gestión en algunas instituciones encargadas de distribuir medicinas y servicios hospitalarios. Señaló que la falta de transparencia ha contribuido al desabastecimiento y a la precariedad de la atención médica, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
Hizo un llamado a los ciudadanos para mantenerse informados y ejercer presión sobre las autoridades, recordando que la participación social es clave para garantizar que se respeten los derechos fundamentales. Además, enfatizó que la salud no puede ser tratada como un privilegio, sino como un derecho inalienable de todos.
Finalmente, Romero Sánchez adelantó que seguirá promoviendo iniciativas y campañas de concienciación sobre la importancia de una salud pública eficiente y accesible. Subrayó que solo a través de la vigilancia ciudadana y la acción colectiva será posible erradicar las prácticas que ponen en riesgo la vida y el bienestar de la población.
