Un tribunal del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de los integrantes de la red criminal desmantelada mediante la Operación Gaviota, acusados de movilizar más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del esquema piramidal Investor Winner, que afectó a 332 personas en distintas provincias del país. La decisión acogió la solicitud de los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El expediente señala que, entre 2020 y 2024, los acusados prometían rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo la falsa apariencia de inversiones bursátiles. La investigación determinó que los fondos se captaban mediante empresas creadas para aparentar legalidad, sin autorización de la Superintendencia de Bancos ni del Mercado de Valores.
El tribunal dictó auto de apertura a juicio contra los principales acusados Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz, junto a otros 19 imputados, señalados de estafa, lavado de activos y asociación de malhechores. Los fiscales presentaron más de 650 pruebas, incluyendo peritajes financieros, testimonios y documentos que evidencian la estructura del fraude.
El juez Deiby Peguero Jiménez, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó la lectura íntegra de la decisión para el 14 de noviembre de 2025. Según el Ministerio Público, la red utilizó redes sociales y empresas de fachada para captar víctimas, quienes en muchos casos hipotecaron sus bienes, configurando uno de los fraudes financieros más grandes detectados en el país.
Operacion Gaviota
La Operación Gaviota es una investigación del Ministerio Público de la República Dominicana que desmanteló una red acusada de operar un esquema piramidal fraudulento a través de la empresa Investor Winner y un entramado de compañías ficticias. Según las autoridades, entre 2020 y 2024, la organización captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 300 personas que invirtieron sus ahorros bajo la promesa de rendimientos mensuales de entre 10% y 30% por supuestas inversiones bursátiles legítimas.
El caso, calificado como uno de los mayores fraudes financieros en el país, involucra a más de 20 imputados. La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, demostró que los acusados utilizaban redes sociales y empresas de fachada para atraer inversionistas, en un esquema tipo Ponzi, donde los pagos a los primeros participantes provenían del dinero de nuevos aportantes.
