Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte de la profesora Ana María Santana, docente de la escuela básica Emiliano Lizardo, en el sector Punta de Garza, San Pedro de Macorís.
El cuerpo de Santana fue encontrado oculto en unos matorrales cercanos a su residencia en la Urbanización Rondón y fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar la causa oficial del fallecimiento.
Versiones preliminares indican que en los últimos días la profesora mostraba signos de tristeza y enfrentaba dificultades económicas. Compañeras y vecinos describen a Santana como una persona alegre, servicial y responsable, por lo que su muerte ha causado gran consternación en la comunidad educativa y en la zona donde residía.
“Estamos investigando, instrumentando. Tenemos una urgencia. Qué violencia… lamentamos mucho este caso. No sabemos todavía qué fue lo que ocurrió, pero esperamos en Dios que todo se resuelva”, expresó una fuente cercana a la investigación.
Las autoridades continúan indagando para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas de la muerte de la docente, mientras la comunidad permanece consternada por la trágica noticia.
Feminicidios en RD
En lo que va del año 2025, la República Dominicana ha registrado al menos 48 feminicidios, de los cuales 36 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, según datos oficiales. Este alarmante número refleja un incremento en la violencia de género, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicar este flagelo. El Ministerio de Interior y Policía, junto con la Procuraduría General de la República, ha implementado un plan para combatir los feminicidios, pero los resultados aún son insuficientes.
Además, se ha reportado que al menos ocho miembros de las fuerzas armadas y policiales han estado involucrados en casos de feminicidio durante este año, lo que genera preocupación sobre la capacitación y control interno de estas instituciones. Este fenómeno ha sido calificado como una “pandemia” por autoridades y expertos en derechos humanos, quienes insisten en la necesidad de fortalecer las políticas públicas, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mujeres.
