Representantes del sector empresarial reiteraron este martes que la reforma del Código de Trabajo debe ser integral y considerar los costos laborales que enfrentan los empleadores para sostener y generar empleos formales. Durante su intervención, destacaron que la modificación de la cesantía no implica eliminar este derecho, sino ajustar su mecanismo de pago, de manera que las empresas de todos los tamaños puedan crear más empleo sin comprometer la estabilidad laboral.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marrancini, aclaró que la propuesta busca un balance entre derechos del trabajador y capacidad de pago del empleador, y recordó que durante el proceso de diálogo tripartito la cesantía no fue abordada de manera completa, lo que motiva esta nueva insistencia. “Modificar la cesantía no significa eliminarla; se trata de encontrar una manera que todas las empresas puedan cumplir y seguir generando empleo formal”, afirmó Marrancini.
El llamado del sector empresarial se produjo en el marco del 23er Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, organizado por Copardón, donde se discutieron medidas para evolucionar hacia una seguridad laboral proactiva e inteligente. Los empresarios enfatizaron que estas reformas son necesarias para fortalecer la economía y garantizar la sostenibilidad de los puestos de trabajo, al tiempo que buscan que los trabajadores no se vean afectados por cambios abruptos en sus beneficios.
Marrancini también advirtió que, sin ajustes en la cesantía, muchas empresas podrían verse limitadas para contratar nuevos empleados, afectando directamente la creación de empleos de calidad. Señaló que la propuesta busca que la cesantía sea predecible y manejable, evitando que se convierta en un obstáculo financiero para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido productivo del país.
Asimismo, los representantes del sector privado hicieron un llamado al Congreso y al Gobierno a reflexionar sobre estas modificaciones, asegurando que cualquier ajuste se realice de manera responsable y gradual, resguardando los derechos adquiridos de los trabajadores mientras se promueve un clima favorable para la inversión y la generación de empleo formal.
