El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, amenazó con retirar 160 millones de dólares a California si continúa emitiendo licencias de conducir comerciales a personas sin ciudadanía estadounidense. La medida responde a que, según el Departamento de Transporte federal, una cuarta parte de estas licencias emitidas por el estado no deberían haberse otorgado.
El endurecimiento de los requisitos para licencias comerciales en California se dio tras tres accidentes mortales recientes atribuidos a conductores de camiones inmigrantes, según informaron las autoridades. La amenaza de recorte de fondos busca presionar al estado a suspender estas emisiones irregulares.
Las autoridades californianas aún no han emitido una respuesta oficial ante la advertencia federal, mientras se intensifica el debate sobre derechos de inmigrantes y seguridad vial en el país.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha advertido que la administración estatal defenderá su política de licencias para inmigrantes, argumentando que permite a miles de residentes trabajar y movilizarse de manera legal, contribuyendo a la economía y la seguridad vial del estado. Newsom sostiene que retirar fondos federales afectaría directamente a programas de transporte y seguridad que benefician a millones de californianos.
Organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes criticaron la medida del gobierno federal, calificándola de “castigo político” que pone en riesgo la movilidad y los ingresos de comunidades vulnerables. Señalaron que la acción no resuelve los problemas de seguridad vial y podría generar tensiones legales entre el estado y la federación.
Expertos en políticas públicas advierten que un eventual recorte de fondos podría afectar proyectos de infraestructura, seguridad y transporte, provocando un impacto económico significativo en California. La disputa se suma al clima de confrontación política entre el gobierno federal y estados demócratas que mantienen políticas migratorias más inclusivas.
La controversia también ha generado reacciones en el Congreso, donde legisladores demócratas han prometido presionar para proteger los fondos de California, mientras republicanos apoyan la postura federal como medida de control sobre el cumplimiento de las leyes migratorias. Esta tensión anticipa un enfrentamiento legal que podría escalar hasta la Corte Suprema.
