
Montecristi, RD. — El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este lunes que realizó la detención de 117 ciudadanos haitianos que se encontraban en el país de manera irregular, durante un operativo de interdicción desarrollado en distintos puntos de la provincia Montecristi.
Los operativos se llevaron a cabo mediante patrullajes en los municipios de Las Matas de Santa Cruz, Guayubín, Ranchadero y Mangá, según detalló un comunicado emitido por la institución militar. Entre los detenidos se encuentran 67 hombres y 50 mujeres, quienes fueron trasladados a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería del ERD, ubicada en el municipio Mao, provincia Valverde, y posteriormente entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.
El ERD enfatizó que estas acciones se enmarcan dentro de las directrices del comandante general del Ejército, que incluyen operativos continuos de interdicción, seguridad ciudadana y combate a ilícitos fronterizos, reafirmando el compromiso con la defensa y protección de la soberanía nacional.
Estas intervenciones forman parte de los esfuerzos del país por mantener el control migratorio y la seguridad en zonas fronterizas, garantizando el cumplimiento de la ley y la protección de los residentes dominicanos.
Situación migratoria en RD
La migración irregular de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana ha aumentado debido a la crisis en Haití y la proximidad entre ambos países. Muchos haitianos cruzan la frontera en busca de mejores condiciones de vida, pero sin los documentos requeridos, lo que ha llevado al incremento de personas indocumentadas en el país. En respuesta, el gobierno dominicano ha ejecutado operativos de control migratorio mediante la Dirección General de Migración y las Fuerzas Armadas, aunque la falta de recursos ha limitado su efectividad.
Esta situación ha generado tensiones sociales y políticas dentro del país. Mientras algunos sectores abogan por los derechos de los inmigrantes y su integración, otros advierten que la migración ilegal pone en riesgo la seguridad y los recursos nacionales. El tema ha sido utilizado políticamente para fortalecer discursos sobre soberanía, dividiendo la opinión pública. Resolver este desafío requiere un enfoque equilibrado que considere tanto los aspectos humanitarios como los intereses nacionales.