El gobierno federal de Estados Unidos atraviesa una ola sin precedentes de jubilaciones y despidos que está generando gran presión sobre las agencias, muchas de las cuales ya lidian con semanas de cierre gubernamental. Más de 150,000 empleados han abandonado sus puestos, ya sea aceptando indemnizaciones o retirándose voluntariamente.
Del total, casi 105,000 empleados se jubilaron de manera regular durante el año fiscal 2025, lo que representa un aumento del 18% en comparación con el año anterior. Esta situación está afectando la operatividad de diversas dependencias y generando preocupación sobre la capacidad del gobierno para mantener servicios esenciales.
Expertos advierten que la combinación de jubilaciones masivas, despidos y cierres temporales podría afectar la eficiencia de programas críticos, desde seguridad hasta administración pública, obligando a las autoridades a buscar estrategias rápidas para retener talento y asegurar la continuidad de operaciones gubernamentales.
La ola de salidas también está provocando un aumento en la contratación temporal y la redistribución de personal dentro de las agencias, mientras se busca cubrir los puestos vacantes y mantener la continuidad de los servicios públicos. Sin embargo, los expertos señalan que estas medidas solo representan soluciones temporales ante un fenómeno que podría prolongarse.
Funcionarios del gobierno han reconocido que la combinación de jubilaciones anticipadas y despidos voluntarios refleja una presión creciente sobre los empleados federales, muchos de los cuales buscan mejores condiciones laborales en el sector privado o en programas de retiro más atractivos. Esta tendencia, advierten, podría afectar la experiencia acumulada y el conocimiento institucional que sostienen la operatividad de las agencias.
Analistas sugieren que, para enfrentar este desafío, será necesario implementar políticas que incentiven la retención de personal clave, ofrecer planes de sucesión claros y modernizar procesos internos, de manera que la salida masiva de empleados no comprometa la eficiencia ni la capacidad de respuesta del gobierno federal ante las necesidades de la ciudadanía.
