Una investigación del programa Reporte Especial con Yulisa Céspedes reveló que los documentos de identidad de la República Dominicana y Haití entre ellos la cédula, el pasaporte y la licencia de conducir estarían siendo gestionados por la misma empresa tecnológica, lo que ha generado inquietud sobre la seguridad y soberanía de los sistemas de identificación de ambos países.

Según el reportaje, la compañía alemana Veridos GmbH, encargada de proveer soluciones tecnológicas para documentos en Haití, figura también como proveedor en contratos adjudicados en la República Dominicana. En el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la empresa forma parte del consorcio Mobility ID, responsable del software, personalización y codificación de las licencias de conducir y pasaportes.

Además, la investigación indica que las libretas de pasaportes dominicanos serían fabricadas exclusivamente por Veridos, mientras que la empresa local Midas Dominicana subcontrata sus servicios para el diseño y confección de unas 750 mil libretas. De igual manera, en la Junta Central Electoral (JCE), Veridos participa en el consorcio IN-DOC, encargado del rediseño, emisión y mantenimiento de la nueva cédula electrónica.

Ante estas revelaciones, autoridades de la JCE negaron que exista relación alguna entre los contratos firmados en República Dominicana y los proyectos de identificación desarrollados por la misma empresa en Haití. Aseguraron que las licitaciones fueron verificadas por el comité correspondiente y que “no hay participación de empresarios haitianos ni vínculos con sistemas extranjeros”.

Sin embargo, el informe televisivo destacó que Veridos ha enfrentado cuestionamientos y litigios en países como Kosovo, Guyana, Uganda, Nepal y la República Democrática del Congo, lo que ha levantado alertas sobre el nivel de supervisión que las autoridades dominicanas ejercen sobre los contratos tecnológicos relacionados con la identidad nacional.

Analistas consultados advierten que compartir una empresa proveedora entre dos países con fuertes diferencias migratorias podría representar un riesgo estratégico, especialmente en materia de datos personales y control fronterizo.