SANTO DOMINGO, RD — El Congreso Nacional enfrenta un alto volumen legislativo, con más de 100 proyectos pendientes, los cuales deberán ser tratados y aprobados dentro de un cronograma de tiempo fijo, según informaron legisladores.
Entre las iniciativas prioritarias se encuentran el Presupuesto General del Estado 2025, ascendentes a RD$1,744,000 millones, el Código de Trabajo, y otros proyectos importantes como el Código de Agua y las reformas a la Ley de Hidrocarburos. Además, se incluyen propuestas complementarias ordenadas por la Constitución de 2010, como la ley de referéndum, participación ciudadana, ordenamiento territorial y propiedad inmobiliaria.
Los legisladores también tienen la responsabilidad de 34 iniciativas del plan Meta RD 2036, entre las que destacan la reforma policial, la ley de seguridad social, la ley de ciberseguridad y la protección de datos.
Este año, el Congreso logró aprobar el polémico Código Penal Dominicano, pendiente de conocimiento por más de 20 años, quedando ahora solo a la espera de su entrada en vigencia tras el período de vacaciones legislativas.
El Congreso ha señalado que, pese a la acumulación de proyectos y los efectos del mal tiempo sobre los trabajos legislativos, se priorizará la aprobación de leyes que impacten directamente el desarrollo del país y la estabilidad institucional.
Legisladores consultados destacaron que la aplicación de tiempos fijos para cada proyecto busca evitar retrasos históricos en el tratamiento de leyes importantes y garantizar que los ciudadanos perciban resultados concretos de la labor legislativa.
Se enfatizó que la coordinación entre senadores y diputados será clave para cumplir con los plazos establecidos, especialmente en iniciativas complejas como la reforma laboral, la seguridad social y la protección de datos, que requieren un análisis detallado y consensuado.
Finalmente, las autoridades legislativas afirmaron que la ciudadanía será informada de los avances en el proceso de aprobación de los proyectos, con el objetivo de transparentar el trabajo del Congreso y generar confianza en la institucionalidad democrática del país.
