Agentes del Departamento de Inteligencia (DINTEL), en conjunto con miembros de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, arrestaron en Barahona a Richy Alberto Hernández, de 22 años, quien era buscado mediante orden judicial por su presunta participación en un homicidio ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El arresto se produjo mientras el joven, residente en el Distrito Nacional, se desplazaba en un vehículo por la avenida principal del municipio de Jaquimeyes, en la referida provincia del sur. Hernández era activamente perseguido por las autoridades desde el 26 de agosto de 2025, fecha en la que presuntamente provocó la muerte de Luis Gustavo D’Aza, alias “Nini”, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

De acuerdo con el informe policial, el operativo fue ejecutado tras labores de seguimiento e inteligencia coordinadas entre distintas dependencias de la institución del orden. La Policía Nacional destacó la cooperación entre las regiones norte y sur para lograr la captura del sospechoso.

El detenido fue trasladado bajo custodia a la jurisdicción correspondiente, donde será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con los procesos judiciales establecidos por la ley.

Penalidad por asesinato

En la República Dominicana, el asesinato se considera un delito grave y está regulado principalmente por el Código Penal. La ley establece que la persona encontrada culpable de homicidio voluntario o asesinato puede enfrentar pena de prisión por un período que varía de 20 a 30 años, dependiendo de las circunstancias del crimen, como premeditación, alevosía o uso de medios peligrosos. En casos excepcionales y cuando concurren agravantes especiales, la ley permite la imposición de cadena perpetua.

Además de la privación de libertad, el condenado puede estar sujeto a medidas accesorias, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la prohibición de portar armas y la obligación de indemnizar a las víctimas o sus familiares. Las autoridades judiciales aplican estas penas tras un proceso penal con garantías legales, donde se evalúan pruebas testimoniales, peritajes y otros elementos de convicción antes de dictar sentencia.