El juicio del dominicano César Emilio Peralta Adamez, conocido como “César el Abusador”, que estaba programado para el 23 de octubre en el tribunal federal de Puerto Rico, fue cancelado el pasado 10 de octubre y hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha, según informó una fuente a Diario Libre.
La suspensión del proceso mantiene en incertidumbre el futuro judicial del acusado, considerado uno de los capos dominicanos más influyentes de la última década.
Peralta, quien en noviembre de 2022 se declaró culpable de cargos de narcotráfico tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, busca ahora anular ese pacto alegando que su admisión no fue voluntaria y que su representación legal fue “ineficaz”. Su abogado, Edwin J. Prado-Galarza, solicitó la transcripción completa de la audiencia de 2022 para demostrar si la declaración de culpabilidad se realizó “de manera consciente, voluntaria y con asistencia legal efectiva”, como exige la ley federal.
El tribunal federal había determinado recientemente que Peralta violó los términos del acuerdo de culpabilidad, una decisión que su cliente impugna enérgicamente. El 4 de noviembre de 2022, el acusado aceptó declararse culpable de conspirar para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos, bajo un acuerdo que contemplaba una pena máxima de 10 años de prisión y una fianza de 10 millones de dólares.
Sin embargo, Peralta asegura que no comprendió plenamente las implicaciones del acuerdo ni contó con asesoría legal adecuada.
La defensa planea presentar una moción formal para retirar la declaración de culpabilidad en virtud de la jurisprudencia federal que permite hacerlo si se demuestra representación ineficaz. La cancelación del juicio, no obstante, mantiene el caso en pausa sin nueva fecha programada.
Adicionalmente, el dominicano mantiene una demanda civil contra el Gobierno de Estados Unidos por 7 millones de dólares, alegando falta de atención médica durante su encarcelamiento. Este litigio se suma a la compleja situación legal del acusado, quien sigue bajo escrutinio por sus vínculos con redes de narcotráfico en el Caribe y América Latina.
