Un informe técnico de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló graves irregularidades financieras y administrativas en el Ministerio de Hacienda durante el período 2016-2020, bajo la gestión de Donald Guerrero, en el gobierno de Danilo Medina. El documento detalla desviaciones millonarias, incumplimiento de normativas fiscales y procedimientos administrativos que comprometen la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Según la investigación especial, se identificaron pagos por RD$ 553,160,000 a personas que no eran los legítimos propietarios de los bienes expropiados, además de contratos por RD$ 3,875,221,921 sin la debida tasación de la Dirección General del Catastro Nacional. El órgano fiscalizador también reportó tasaciones fuera del período establecido por RD$ 332,739,330, lo que refleja deficiencias en los controles internos.
La Cámara de Cuentas advirtió además que durante el período auditado se reconocieron deudas por RD$ 2,130,104,926 antes de verificar la entrega de obras, y se detectaron facturas emitidas hasta nueve meses antes de firmar los contratos, por RD$ 292,943,470. También se hallaron facturas con comprobantes fiscales vencidos o emitidas a terceros por más de RD$ 143,660,926, lo que vulnera las normas tributarias.
Entre los hallazgos más significativos, la auditoría destaca desembolsos aprobados con expedientes incompletos por RD$ 30,020,914,387 y pagos por RD$ 10,631,159,562 relacionados con propiedades catalogadas como intransferibles. Además, se registraron expropiaciones sin documentación de respaldo por RD$ 9,524,528,541 y contratos por RD$ 59,121,123,771 sin constancia de inscripción en la Contraloría General de la República.
La investigación también señala cesiones de fondos sin evidencia de derechos crediticios por un monto superior a RD$ 8,901,509,390, y la inclusión de partidas erróneas en la documentación de pagos por RD$ 23,341,664, lo que evidencia un manejo inadecuado de los recursos estatales.
Donald Guerrero, exministro de Hacienda, figura actualmente como imputado en la Operación Calamar, caso que investiga un presunto entramado de corrupción durante la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El exfuncionario cumple medidas de coerción consistentes en presentación periódica y restricciones judiciales.
