Productores de arroz de la provincia María Trinidad Sánchez y zonas aledañas alertaron sobre una crisis en el sector arrocero, atribuida a una mala planificación en las importaciones del cereal. Según los agricultores, las políticas implementadas en 2024, que permitieron la entrada masiva de arroz importado, han provocado una saturación del mercado, reduciendo los precios y afectando la rentabilidad de la producción nacional.
Dirigentes de organizaciones como la Unión Nacional Campesina (UNACA) y asociaciones locales expresaron que las decisiones tomadas fuera del marco de la Comisión Nacional Arrocera (Conaarroz) han beneficiado principalmente a importadores y comerciantes, mientras que los productores nacionales enfrentan pérdidas económicas y una disminución en la confianza en el sector.
Además, señalaron que factores como el aumento en los precios de los fertilizantes, la volatilidad del dólar y el incremento en los costos laborales han agravado la situación. Los productores hicieron un llamado al Gobierno para que revise las políticas de importación y fortalezca el apoyo a los agricultores nacionales, con el fin de evitar el colapso del sector y garantizar la seguridad alimentaria del país.
Los productores de arroz de María Trinidad Sánchez advirtieron que, de no corregirse la planificación de las importaciones, podrían verse obligados a reducir significativamente la superficie sembrada en la próxima temporada, lo que impactaría no solo a los agricultores, sino también a miles de trabajadores temporales que dependen de la cosecha.
Asimismo, dirigentes del sector expresaron preocupación por el riesgo de quiebra de pequeñas y medianas empresas agrícolas, que carecen de capacidad financiera para competir con el arroz importado más barato. Señalaron que la medida podría generar un efecto dominó en las economías locales, afectando comercios, transportistas y proveedores de insumos.
En respuesta, algunos productores han comenzado a organizar movilizaciones pacíficas y reuniones con autoridades gubernamentales para exigir un ajuste inmediato en la política de importaciones, mayor apoyo técnico y financiero, y un plan que priorice la producción nacional, con el objetivo de garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sector arrocero dominicano.
