La Policía Nacional informó sobre la captura de Raúl Vásquez Marte, residente en la comunidad La Cabirma, del Distrito Municipal de Zambrana, en la provincia Sánchez Ramírez. El hombre era buscado desde 2022 por presunta violación sexual contra dos de sus hijas menores de edad y contaba con una orden de arresto activa identificada con el número 352-2022-AJ-00762.
Según las autoridades, Vásquez Marte se mantuvo prófugo por más de dos años tras conocer que la justicia lo perseguía. Durante este tiempo logró evadir a las autoridades hasta que agentes policiales lograron localizarlo y detenerlo en la provincia de Barahona.
El detenido quedó bajo custodia del Ministerio Público, que se encargará de presentarlo ante los tribunales en las próximas horas para que responda por los graves cargos que se le imputan, en un caso que ha generado preocupación por la seguridad de los menores y la persecución de delitos sexuales en el país.
Penalidad
El abuso sexual contra menores de edad en República Dominicana es una problemática grave que afecta a niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos, incluyendo el hogar, la escuela y entornos comunitarios. Este tipo de violencia involucra cualquier forma de contacto sexual o explotación con un menor, incluyendo tocamientos, violación, acoso, pornografía infantil y trata con fines sexuales.
Según organismos de protección infantil y estadísticas oficiales, los casos reportados continúan siendo elevados, aunque se estima que muchos incidentes no se denuncian debido al temor, la vergüenza o la falta de acceso a los canales de denuncia.
Las autoridades dominicanas han implementado programas de prevención, campañas de sensibilización y protocolos de atención a víctimas, buscando reducir la incidencia de este delito y brindar apoyo psicológico, legal y social a los menores afectados. Sin embargo, expertos señalan la necesidad de reforzar la educación en derechos infantiles, capacitar a profesionales en detección temprana y garantizar un sistema de justicia más ágil y protector, que permita sancionar a los agresores y prevenir la revictimización de los niños y adolescentes.
