La fiscal general de Arizona presentó una demanda para que Mike Johnson, líder de la Cámara de Representantes, le tome juramento a la representante demócrata electa Grijalba. Johnson ha condicionado la toma de posesión a que los demócratas en el Senado acepten reabrir el gobierno, generando tensiones entre ambos partidos.
El retraso en la juramentación ha sido interpretado por algunos como un intento de bloquear la firma 218, que permitiría una votación para hacer públicos los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. La demanda busca que se garantice la participación de Grijalba en la Cámara sin más dilaciones.
Autoridades de Arizona insisten en que la justicia debe actuar para asegurar que los procesos democráticos no se vean obstaculizados por disputas políticas, mientras que los líderes republicanos defienden su postura vinculada a la reapertura del gobierno federal.
La controversia ha generado un fuerte debate público en Arizona y a nivel nacional, con acusaciones de manipulación política y uso de tácticas dilatorias. Grijalba ha expresado su disposición a asumir su cargo de manera inmediata y ha denunciado que el retraso afecta la representación de sus votantes en la Cámara.
Expertos legales señalan que la demanda podría sentar un precedente importante sobre la separación de poderes y las obligaciones constitucionales de los líderes legislativos para juramentar a los miembros electos, independientemente de conflictos políticos externos.
Mientras tanto, organizaciones civiles y grupos pro-democracia han llamado a una solución rápida, enfatizando que los ciudadanos no deben pagar el precio del estancamiento político y que la democracia requiere respeto a los resultados electorales y al debido proceso.
El caso ahora se encuentra en manos de los tribunales de Arizona, quienes deberán decidir si obligan a Johnson a tomar el juramento de Grijalba, mientras tanto, la tensión política sigue aumentando y los ojos de todo el país están puestos en cómo se resolverá este enfrentamiento institucional.
