Santo Domingo.– El imputado Ángel Lockward denunció este viernes haber sido víctima de una supuesta extorsión por parte de los abogados querellantes en el proceso judicial que investiga un presunto fraude al Estado superior a RD$21 mil millones de pesos. Según relató durante la audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los juristas Pablo Castillo, José Javier Bidó y Martín Rubiera le habrían exigido gestionar con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el pago de RD$50 millones de pesos a cambio de retirar las querellas en su contra.
La revelación provocó tensión en la sala de audiencias, donde el abogado Pablo Castillo reaccionó con indignación, lo que obligó a la jueza Altagracia Ramírez a intervenir con una advertencia: cualquier alteración del orden sería sancionada con arresto inmediato. Este señalamiento de Lockward agrega un nuevo giro a uno de los procesos judiciales más sonados de los últimos años por su impacto en la administración pública y la campaña electoral de 2020.
En el mismo escenario, el exministro Donald Guerrero afirmó que nunca fue notificado del informe elaborado en 2021 por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, documento que el Ministerio Público presenta como prueba central en su contra. Guerrero sostuvo que ese informe fue utilizado durante más de cuatro años sin que se le permitiera ejercer su derecho a la defensa, calificando el hecho como una violación al debido proceso y a la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración.
Los abogados de Guerrero, Mario Eduardo Aguilera y María del Pilar Zulega, anunciaron que solicitarán la exclusión de dicho informe por considerar que carece de validez procesal. Otros acusados, entre ellos Juan Tomás Polanco, Julián Omar Fernández y Alejandro Antonio Constanzo Sosa, también intervinieron para ofrecer aclaraciones sobre las acusaciones en su contra.
El tribunal dispuso el inicio de la fase de defensa técnica, comenzando con el imputado Agustín Ávila, mientras la audiencia sigue avanzando en la etapa preliminar del caso que investiga la venta irregular de terrenos estatales presuntamente destinada a financiar la campaña electoral de 2020.
Entre los procesados figuran también los exministros Gonzalo Castillo y Ramón Peralta, el excontralor Daniel Omar Caamaño y varios exdirectores de instituciones públicas, en un expediente que continúa generando controversias y encendiendo el debate sobre la impunidad y la corrupción en el país.
