La comunicadora Altagracia Salazar reveló este lunes que durante la gestión de Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda se realizaron pagos por RD$61,000 millones, de los cuales RD$44,000 millones no cumplieron con los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República. La información se desprende de una auditoría especial de la Cámara de Cuentas, que la defensa de Guerrero ha impugnado ante el Tribunal Superior Administrativo alegando violaciones al debido proceso.
Según la investigación, de los 1,258 libramientos procesados, solo 338 fueron remitidos para supervisión a la Contraloría, mientras que se detectaron pagos por RD$553 millones a personas que no eran propietarios legítimos de los bienes expropiados y contratos por RD$3,875 millones sin la tasación requerida por la Dirección General del Catastro. Además, se reconocieron deudas anteriores por RD$2,130 millones sin verificación de las obras ejecutadas.
Salazar subrayó que esta situación ha pasado “por debajo de la mesa” debido a la atención mediática centrada en la política partidaria y denunció que los pagos cuestionados se realizaron sin el sustento legal necesario. La comunicadora calificó los hechos como negocios realizados con fondos públicos y advirtió que, aunque el Tribunal Superior Administrativo pueda invalidar la auditoría formalmente, el fondo del caso continúa siendo investigado en la justicia penal.
La periodista concluyó señalando que la investigación especial refleja la magnitud de la corrupción en la gestión pública y resaltó la importancia de mantener la memoria histórica de los ciudadanos frente a irregularidades financieras de alto impacto, enfatizando que estos casos afectan directamente a quienes pagan impuestos en el país.
¿De que se le acusa a Guerrero?
Donald Guerrero, exministro de Hacienda de la República Dominicana, es acusado de realizar pagos irregulares durante su gestión al frente de la institución. Según la auditoría especial de la Cámara de Cuentas, un total de RD$61,000 millones fueron desembolsados, de los cuales RD$44,000 millones no cumplieron con los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República. Entre las irregularidades detectadas se incluyen pagos a personas que no eran legítimos propietarios de bienes expropiados, contratos sin tasación oficial y reconocimientos de deudas sin verificación de las obras ejecutadas.
Estas acciones han sido calificadas por analistas y comunicadores como un uso indebido de los recursos públicos, lo que implica posibles responsabilidades penales y administrativas para Guerrero. La defensa del exministro ha recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo alegando violaciones al debido proceso, con la intención de que la auditoría sea invalidada formalmente; sin embargo, el fondo del caso, que se centra en la legalidad y justificación de los pagos realizados, sigue siendo investigado en la justicia penal.
