Santo Domingo, RD. – La periodista Altagracia Salazar advirtió sobre un “tira y afloja” en el gobierno de Luis Abinader entre mantener la imagen de lucha contra la corrupción y las prácticas clientelares heredadas de administraciones anteriores. Según Salazar, mientras el gobierno presume transparencia, persisten irregularidades en contratos y designaciones, afectando principalmente áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
Salazar destacó casos paradigmáticos como la administración de SENASA, que enfrenta un déficit financiero mientras se registran sanciones por incumplimientos y limitaciones en la atención a los usuarios. La experta advirtió que los beneficiarios de estas prácticas continúan siendo los mismos grupos económicos de siempre, mientras los políticos y funcionarios intermediarios quedan expuestos ante la opinión pública y la justicia. La periodista llamó a la población a mantenerse vigilante y a exigir responsabilidad, recordando que el cambio ciudadano que llevó al PRM al poder ahora representa un desafío para la ética en la gestión pública.
Además, Salazar subrayó que, a pesar de la retórica del gobierno sobre reformas policiales y combate a la corrupción, los resultados en seguridad pública siguen siendo limitados. La periodista señaló que la estructura del PRM muestra divisiones internas, con funcionarios moviéndose en direcciones opuestas, lo que dificulta la implementación de políticas consistentes y efectivas.
En materia de salud, la analista resaltó la importancia de la reciente sanción a SENASA por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la cual evidenció que la institución estaba sacrificando la calidad de la atención a los usuarios para cubrir irregularidades financieras. Salazar aseguró que este tipo de medidas son pasos significativos para proteger los derechos de los ciudadanos, aunque los problemas estructurales persisten en todo el sistema.
Finalmente, la comunicadora enfatizó que la cultura de deterioro de lo público sigue siendo un desafío profundo en la República Dominicana. Desde escuelas hasta hospitales, dijo Salazar, la sociedad y las autoridades participan en la degradación de bienes y servicios públicos, afectando a quienes más dependen de ellos. Llamó a reforzar la vigilancia ciudadana y a reconocer a los funcionarios que, a pesar de todo, trabajan con compromiso y transparencia en favor de la población.
