La comunidad de Pantoja, en Santo Domingo Oeste, se encuentra consternada tras el brutal ataque a una adolescente de 15 años, quien fue lanzada desde el balcón de un tercer piso la noche del martes 30 de septiembre. La menor, que también habría sido víctima de abuso sexual, resultó con graves traumas y permanece ingresada en un centro de salud.
De acuerdo con la Policía Nacional, el principal sospechoso es Jacinto Jesús López Terrero, de 33 años, quien tras el hecho emprendió la huida. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, instó al prófugo a entregarse “por la vía que entienda pertinente” para responder ante la justicia.
La víctima, cuyo nombre se reserva por asuntos legales, logró sobrevivir y ofrecer testimonio de lo ocurrido, lo que ha permitido a las autoridades avanzar en las pesquisas. Residentes de la zona confirmaron la agresión y aseguran que presenciaron el momento en que la menor fue lanzada al vacío.
El caso continúa bajo investigación y la persecución contra López Terrero sigue activa, mientras familiares y vecinos claman justicia por el hecho que ha sacudido a toda la comunidad.
Penalidad por abuso infantil
En República Dominicana, el abuso infantil es considerado un delito grave y está contemplado en el Código Penal y en la Ley 136-03 del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Dependiendo de la gravedad de la agresión, las sanciones pueden incluir desde 5 hasta 20 años de prisión, así como multas económicas. En casos de violación sexual a menores de edad, la pena puede alcanzar los 30 años de reclusión mayor, siendo una de las sanciones más severas establecidas en la legislación dominicana.
Además de las penas de cárcel, el marco legal dominicano también contempla medidas complementarias para garantizar la protección de la víctima y la reparación del daño. Estas incluyen la pérdida de la patria potestad, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la obligación de brindar asistencia psicológica a las víctimas. Con estas disposiciones, la legislación busca no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje contundente de cero tolerancia contra la violencia y el abuso infantil.
