La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reyoso, ofreció este jueves una conferencia sobre las sanciones y novedades del nuevo Código Penal, resaltando la normalización de decenas de delitos que antes no eran tipificados. Entre los cambios más relevantes, la funcionaria destacó que la corrupción ahora se reconoce como un delito autónomo y que, por primera vez, las empresas pueden ser procesadas penalmente por actos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
Reyoso calificó el código como moderno y “de lo menos mejorable”, subrayando la importancia de sancionar la corrupción, ya que afecta directamente fondos destinados a salud, educación y seguridad, perjudicando así a toda la sociedad.
A su salida de la Dirección General de Aduanas, la Procuradora evitó referirse a las investigaciones en curso sobre el déficit por presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud, centrando su mensaje en los avances legales que trae el nuevo Código Penal.
Además de la tipificación de la corrupción como delito autónomo, la Procuradora explicó que el nuevo Código Penal introduce normas más claras sobre el procesamiento de empresas y personas jurídicas, permitiendo que se investiguen y sancionen irregularidades económicas de gran impacto. Esta medida, según Reyoso, fortalece el sistema de justicia y contribuye a la transparencia en los negocios y la administración pública.
Yeni Berenice también hizo hincapié en que el Código Penal actualiza y moderniza figuras delictivas tradicionales, estableciendo sanciones más proporcionales y adaptadas a los tiempos actuales, lo que garantiza un mejor equilibrio entre la prevención y la penalización de los delitos.
La Procuradora concluyó su conferencia destacando la necesidad de que la sociedad y las instituciones públicas conozcan estas modificaciones, para que se logre un mayor respeto a la ley y se fomente una cultura de legalidad y responsabilidad ciudadana en el país.
Reyoso subrayó que la difusión de estas novedades no solo busca informar a abogados y operadores de justicia, sino también concienciar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes, enfatizando que un Código Penal moderno es clave para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que los recursos del país se utilicen de manera transparente y efectiva.
